Se refiere al creciente recurso a la criminalización o a la cuasi criminalización como forma de disciplinar, excluir e incluso expulsar a los migrantes o a quienes se consideran presuntamente no merecedores de protección. La difuminación de los límites entre el derecho administrativo y el penal, especialmente en el caso de la detención de inmigrantes , y entre el derecho civil y el penal, como en el uso de diversas órdenes civiles, generalmente preventivas, cuyo incumplimiento implica responsabilidad penal o cuasi penal, resulta particularmente preocupante por la amenaza que supone para los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo, así como por el deterioro del Estado de derecho en general.